La realidad sociopolítica nacional actualmente se está desarrollando a una velocidad impresionante con cuestionables procesos amparados bajo procedimientos legales. En dicha realidad se producen dos fenómenos sociales claves que modifican la coyuntura política nacional y que vienen a ser como el choque de placas tectónicas submarinas que origina un tsunami, cuyos efectos políticos están por verse: uno, la designación de los nuevos magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), y la oficialización de la precandidatura presidencial de la esposa del presidente, Sandra Torres
El primer fenómeno es de vital importancia porque está en juego la conformación de un cuerpo honorable de profesionales que deberán ser los emisarios públicos para defender el orden constitucional de la República y actuar como tribunal colegiado con independencia de los demás organismos del Estado, algo que en el imaginario social de la ciudadanía consciente y crítica es aún utópico, sobre todo recordando el otrora nefasto acto de politización de esta entidad en 2003, cuando resolvió a favor de la inscripción de la candidatura presidencial del general Efraín Ríos Montt, cuestionable fallo que en ese momento fue objetado por el ahora presidente y también por su esposa.
INDEPENDENCIA A EXAMEN
Los magistrados de la CC tendrán que resolver casos similares este año, dadas las pretensiones presidenciales de dos precandidatos controversiales, a saber: Álvaro Arzú y Sandra Torres de Colom, quienes deberán dilucidar su pretensión electoral entre marañas y vericuetos legalistas y políticos. Esto de por sí ya es un gran examen ético para los nuevos magistrados de la CC, que tendrán que despojarse de los compromisos políticos adquiridos con las entidades y padrinos postulantes.
Las actuales designaciones de los representantes de la Usac, Organismo Ejecutivo, Congreso de la República, Corte Suprema de Justicia y Colegio de Abogados y Notarios genera una incandescente correlación de fuerzas entre los partidos políticos, corporativismo de abogados, organizaciones sociales pro justicia, academia e incluso las incesantes presiones de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), de las cuales los mayores beneficiarios son los grupos de poder en el país, que tienen como finalidad última posicionar a sus operadores políticos en puestos estratégicos para mantener el statu quo o ampliar estructuralmente sus cuotas de incidencia política.
Como todo proceso eleccionario, este ha sido muy vulnerable a la influencia de flagelos sistémicos, provocando un tsunami político que arrasa con los incipientes conatos de representatividad, intermediación social y legitimidad de la Ley de Comisiones de Postulación.
Ello ocurre a través del surgimiento de rasgos de opacidad, nepotismo y clientelismo que fácticamente merman la institucionalidad de un sistema democrático que languidece a un ritmo incontenible; sobre todo en un año electoral históricamente caracterizado por la improductividad legislativa, metarrelatos demagógicos, despilfarro de fondos públicos, contaminación visual y ambiental, campañas negras, gasto social clientelar, enajenación consumista del ciudadano e incremento de violencia política, tal y como sucedió recientemente en Escuintla, Jutiapa y Quiché.
Tales hechos tan solo agravan el pusilánime sistema de justicia y acentúan la negativa percepción de la comunidad internacional sobre el respeto a los derechos humanos.
TABLERO COMPLICADO
El segundo evento de la semana fue la oficialización pública de la precandidatura presidencial de Sandra Torres de Colom, aunque se constituía en un secreto a voces que no sorprende a la ciudadanía. Efectivamente sí genera un movimiento interesante en el actual ajedrez electoral que avizora una competencia agresiva en términos de mediatización, video y ciberpolítica para fortalecer la imagen de la fémina popular identificada con las necesidades e intereses de los “descamisados”, “pobres” y “abandonados”.
También supone que las maquinarias electoreras; es decir, los partidos políticos de la oposi- ción antisandrista, rearticulen sus estrategias de penetración territorial en los nichos electorales de jóvenes, mujeres e indígenas del interior del país beneficiados por los diversos programas de Cohesión Social, sectores que representan un grueso porcentaje del padrón electoral.
Sin lugar a dudas, la irrupción de la esposa del mandatario como prefigura presidenciable incita a un debate polémico en términos de jurisprudencia, pero también presenta un referente en las cuotas de participación política de las mujeres en el país.
Los desafíos para el equipo de asesores políticos de la esposa del presidente —sobre quien pesaría una prohibición constitucional en el actual período— giran en torno a diseñar una estrategia efectiva y pragmática para superar paradigmas adversos como el conservadurismo sociocultural plasmado en el machismo, desafiar las tendencias históricas del no continuismo en el poder del partido de gobierno, establecer alianzas estratégicas con el sector privado organizado y convencer al complejo electorado metropolitano de tendencia derechista, que contemporáneamente ha determinado el triunfo electoral en el país.
Sin embargo, la apuesta electoral de Santa Torres estriba en la coalición política con partidos como la Gana, Victoria y otros partidos afines, fundamentalmente en los municipios del departamento de Guatemala y en el nororiente del país, donde la oferta política y la organización partidaria han tenido poca contundencia.
Mientras tanto, los esfuerzos del partido de gobierno deben estar dirigidos a reducir la brecha abismal de intención de voto respecto de sus máximos oponentes políticos, específicamente Otto Pérez Molina, Eduardo Suger y Harold Caballeros.
CRUCIAL PROCESO
La inscripción de la esposa del presidente puede tener dos caminos: la primera es que, basándose en su derecho político-constitucional de elegir y ser electa, se acepte su inscripción en primera instancia en el Registro de Ciudadanos; la segunda es que, dadas las prohibiciones jurídicas de rango constitucional y la crítica férrea de la oposición, la inscripción termine de dirimirse en el seno de la recién electa CC.
La confluencia de estos dos fenómenos sociales genera una serie de dinámicas formales e informales en la administración pública y grupos de presión que configurarán las vicisitudes de la futura vida política nacional, para lo cual es necesario que las élites políticas, económicas y sociales asuman su papel de liderazgo, visión de Estado y cultura democrática, en aras de mantener márgenes aceptables de gobernabilidad y desarrollo institucional. Si ello no ocurre, vendrá una ola de inestabilidad, en la misma forma que un maremoto es precedido por una profunda ruptura.
Fuente: http://www.prensalibre.com/noticias/Tsunami-politico_0_443355683.html
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